Los problemas derivados de la usurpación o ocupación como coloquialmente se le denomina, es un delito tipificado en el Código Penal consistente en la utilización de inmuebles ajenos sin autorización, con o sin violencia. 

Un delito que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos tiempos, al amparo de los resquicios de una legislación permisiva que dificulta una solución rápida, justa y eficaz a estas prácticas.

Valldoreix también sufre esta problemática, y aunque las estadísticas oficiales hablan de un número de casos reducido, la dimensión del problema es mucho mayor ya que las estadísticas solo recogen los datos de viviendas como ocupadas cuando consta denuncia expresa del propietario, lo que deja fuera del recuento a un sinfín de viviendas y propiedades en las que los propietarios por diferentes motivos no denuncian los hechos o no son conocedores de dicha ocupación.

Esto da lugar a un clima comprensible de inseguridad y preocupación entre los vecinos y los propietarios, que sufren o temen sufrir de cerca el problema. 

Una situación que se acentúa cuando se ven forzados a recurrir a la policía o a las autoridades locales y éstas no les ofrecen solución impotentes ante la realidad de unas leyes que desamparan al propietario frente el usurpador.

Urge por tanto modificar la ley para agilizar y simplificar los trámites de devolución de las viviendas ocupadas a sus legítimos propietarios, de manera que los jueces puedan expulsar a los “okupas” en una vista previa si estos no pueden demostrar su derecho de uso de la vivienda, en un procedimiento sumario y preferente que permita que estas situaciones no se prolonguen en el tiempo con plazos que en muchos casos alcanzan los dos años.

Deben revisarse también las penas para este tipo de delitos, de manera que desalienten el interés de los okupas, y en muchos casos, el de redes organizadas que obtienen beneficios económicos con estas prácticas.

Todos compartimos que el acceso a la vivienda ha sido y es uno de los principales problemas a los que ha de enfrentarse el ciudadano de a pie, y es especialmente más grave entre los jóvenes que quieren emanciparse, pero no se puede permitir que la ocupación ilegal sea la solución al problemas de acceso a una vivienda digna y que sean los vecinos quienes paguen las consecuencias de la mala gestión en políticas de vivienda.

Aunque gran parte de las actuaciones para reducir esta problemática pasan por modificar la actual legislación, a nivel municipal pueden hacerse algunas cosas para ayudar a los vecinos afectados ante estas situaciones.

Desde Ciutadans presentamos hace ya meses una moción en la EMD de Valldoreix en la que reclamábamos la elaboración de un Plan Municipal contra la ocupación, que entre otras, permitiese contar con un censo real de las viviendas ocupadas para facilitar la gestión de la problemática. 

Solicitábamos también que se facilitara a los vecinos asesoramiento y atención jurídica para hacer frente a estas situaciones y la realización de actuaciones de oficio para revisar el estado de los inmuebles ocupados y ordenar si procediese el desalojo de aquellos que no cumpliesen las condiciones de salubridad o seguridad requeridas.

La ocupación no es una solución, es un problema más que se añade a otros factores y que contribuyen todos juntos a la carestía y a la dificultad para el acceso a la vivienda.

José Miguel García (@DGarcia_MJ), es vocal de Cs en la EMD de Valldoreix