No estar de acuerdo con la forma de implantación de la ZBE de Sant Cugat no quiere decir que no se compartan los objetivos y las inquietudes sobre los que se fundamenta este proyecto.

Sin duda, todos compartimos la preocupación por salud, los efectos dañinos de la contaminación y por la búsqueda de soluciones más sostenibles para el desarrollo de nuestra sociedad, y compartimos asumir compromisos y objetivos para alcanzar metas que nos acerquen a esa sostenibilidad.

El debate no es ZBE si o ZBE no, el debate podría ser si hemos de ser los primeros, sin estar adecuadamente preparados, para que el equipo de gobierno se ponga una medalla o si son los ciudadanos los que de nuevo tienen que hacer frente a toda la batería de problemas que, por imposición y sin mayor consenso político, nos ha impuesto el equipo de gobierno.

Parece razonable pensar que antes de establecer esas restricciones a la movilidad se debería haber reforzado y ampliado la red de transporte público, por ahora basada en vehículos de combustión, o que se debería haber ampliado la red de aparcamientos disuasorios para facilitar el acceso a esa red de transporte público, o se podría haber hecho una apuesta ambiciosa por ampliar los puntos de recarga de vehículos eléctricos o incluso, haber aprobado la ordenanza de Bicicletas y VMP o ya, por ir a la esencia más básica de la movilidad sostenible, el caminar, se podría haber hecho un esfuerzo no ya en mantener si no arreglar los kilómetros de aceras en mal estado que dificultan la movilidad a pie y de vehículos adaptados y que en muchos casos supone un riesgo probable de accidente. 

Estos días vemos muchos anuncios y declaraciones en los medios locales sobre que el ayuntamiento comprará nuevos vehículos, se adaptarán otros, se invertirá en modernizar… etc., pero a día de hoy esas soluciones no son una realidad palpable.

Lo que si es una realidad, y que asombra por la velocidad con que se ha ejecutado, es que ya un mes antes de empezar las sanciones este mes de noviembre se haya presentado en público los dos flamantes vehículos de policía equipados con los radares especiales para emitir las correspondientes sanciones en la ZBE. Para otra cosa no ha habido tanta agilidad, pero para radares sancionadores parece que sí.

Al final, como siempre, las prisas en la “inauguración” de proyectos y los problemas recaen en el ciudadano que tiene que pagar por partida doble el coste de estos desaguisados. Por ello, pedir una moratoria en la aplicación de las multas no es más que ofrecer a las partes, administraciones y ciudadanía y pequeño margen de tiempo adicional para adaptarse a cambios tan sustanciales en nuestra actividad diaria como es la movilidad.

José Miguel García (@DGarcia_MJ), es miembro de la Agrupación de Cs en Sant Cugat