Todos compartimos, o deberíamos, la preocupación por la conservación del Medio Ambiente y por tanto, deberíamos recibir con buenos ojos las medidas encaminadas a desarrollar un modo de vida más sostenible y respetuosa con el Medio Ambiente y a la reducción de la contaminación.
Pero una cosa es desarrollar medidas en esta dirección y otra, quedarse en la foto de rigor sin tener en cuenta adecuadamente la carga que estas medidas imponen a los que a pie de calle tienen que afrontar y adaptarse a dichas medidas. Este es el caso de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Sant Cugat.
Como se dice popularmente, el papel lo resiste todo, pero tras la foto y los titulares autocomplacientes viene la dura realidad de esta medida y las consecuencias, que como siempre, recaen al final sobre la ciudadanía. Una dura realidad que además, en Sant Cugat, está muy condicionada por una serie de factores.
Por una parte, una configuración geográfica peculiar, con un municipio muy extenso, múltiples núcleos de población dispersos y una gran concentración de servicios y equipamientos de referencia en el centro de la ciudad y que por tanto quedan incluidos dentro de esta ZBE, como son el centro comercial, el Auditorium, bibliotecas, oficinas bancos, mercados municipales, centros de estudios…. Pero no solo eso, la ZBE supone una afectación para todo el conjunto del municipio, ya que las principales vías de comunicación entre un punto y otro e incluso de acceso al municipio quedan incluidas dentro de esta ZBE y por tanto, supondrán en una restricción de movimiento ineludible.
Por otra parte, contamos con una red de transporte público limitada y condicionada por un trazado urbano no previsto para ello y por la propia configuración geográfica del municipio antes mencionada.
También hay que considerar una realidad social en la que muchísimas personas trabajan, o realizar gran parte de su actividad diaria en municipios del entorno, otras muchas acceden a Sant Cugat para trabajar, estudiar o visitar familiares y amigos y otros, simplemente tienen que desplazarse entre puntos distantes del mismo término municipal para desarrollar su actividad diaria normal.
Y por si esto un fuera poco, en estos momentos hay que sumarle las dificultades adicionales derivadas de la pandemia de la #Covid19, y que han supuesto y supondrán un duro castigo a la economía tanto de empresas como de particulares.
El equipo de gobierno podrá decir que a corto plazo hay que hacer sacrificios para garantizar un futuro mejor y podrá enumerar toda una serie de argumentos para defender esta medida, pero al final, el futuro siempre es el futuro y los sacrificios en presente siempre los tienen que hacer los mismos, los ciudadanos de a pie y a costa de su bolsillo, y no son buenos tiempos para exigirle más al bolsillo.
La verdad es que la implantación “pionera” de la ZBE, es la primera de ámbito local, viene poco o mal acompañada de propuestas alternativas a las restricciones y problemáticas que genera.
Se echa en falta inversiones en mejorar, ampliar y hacer más ágil el transporte público, unas partidas presupuestarias relevantes ayudas a la renovación del parque de vehículos afectados por otros más sostenibles, o inversiones en infraestructuras para desarrollar modelos de movilidad más eficientes basados en las nuevas tecnologías más sostenibles ya existentes. Es decir, faltan soluciones.
En resumen, deberíamos exigir más y mejores soluciones a los políticos que nos gobiernan, y rechazar la imposición sin más de tantos problemas y dificultades.
José Miguel García (@DGarcia_MJ), es miembro de la Agrupación de Cs en Sant Cugat