La verdad es que, desde principio de mandato, llevamos un par de años muy movidos donde nuestra ciudad aparece día sí y día también en los periódicos por los continuos casos de pago de comisiones a cambio de obra pública por parte de constructoras a CIU, CDC y, ahora, PDECAT: diferentes nombres, mismo sistema de cobro.
Según parece, presuntamente, cuando se adjudicaba una obra pública en nuestra ciudad, el constructor cargaba esas comisiones políticas en la factura final a pagar por la concesión de la obra pero, ¿realmente el sobrecoste y margen de la constructora de la operación era solo del 3%?
La pregunta real que nos deberíamos hacer es: ¿cuánto más han costado las obras públicas a la ciudad? ¿Cuánto nos habríamos ahorrado en impuestos de no haber existido las mordidas de la que nos informan cotidianamente los sopranos del 3%?
La pregunta es difícil de responder y nos llevó el pasado lunes a un pleno extraordinario donde se pretendía evaluar el buen hacer del gobierno municipal mediante una auditoría externa promovida por los “partidos de izquierda” a la que no se invitó a participar al resto de la oposición, algunos de nosotros con bastantes más tablas en auditorías que ninguno de ellos.
De hecho, cualquiera que haya hecho alguna vez una auditoría sabe que debe cumplir unas premisas sin las que no tiene sentido alguno proponerla:
1.- Hay que determinar una correcta redacción del pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares para la contratación de la/s empresa/s de auditoría externa; de esta manera se define el alcance de la auditoría y si las empresas participadas por el ayuntamiento (como PROMUSA) van a ser parte del estudio. Hay que determinar qué empresas, salpicadas por el caso Palau, fueron adjudicatarias de obras en el municipio, desde 1997 hasta hoy.
2.- La Junta de Portavoces (órgano de representación de todo el plenario) debe poder supervisar y modificar, si lo considera oportuno, los mencionados pliegos antes de la licitación pública del concurso. De esta manera se evitan trajes a medida para auditorías afines al gobierno municipal.
3.- Definir quién/es son los responsables de facilitar la información y documentación a los auditores; quienes serán los responsables, por parte del Ayuntamiento de “acompañar” y de “velar” permanentemente para que se proporcione adecuadamente toda la información requerida por los auditores durante el proceso de recogida de la información
4.- Facilitar a la Junta de Portavoces, en paralelo, de una copia de toda la documentación que sea requerida por los auditores y que el ayuntamiento de Sant Cugat les proporcione.
Si estos puntos no se cumplen, vamos a tener una carísima foto de unos partidos que, además de hacernos perder el tiempo al resto, no van a obtener nunca los objetivos para los que nos convocaron.
Mientras el sectarismo iluminado se apodere algunos partidos de la oposición, ganarán siempre aquellos que, presuntamente, tienen algo que esconder.
Aldo Ciprian (@a_ciprian) és Portaveu del Grup Municipal de C’s a Sant Cugat
