La Constitución Española del 78 establece, inapelablemente, que España se organiza bajo el modelo del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una construcción relativamente moderna, hunde sus raíces en una multitud de autores y pensadores, entre los que destaca Kant que a su vez desarrolla el pensamiento de otro ilustre filósofo, Rousseau.
Kant establece un contrato a partir del cuál los individuos entregamos nuestra libertad externa para recibirla de nuevo, de forma inmediata, como miembros de un ente común: el pueblo concebido como Estado.
Para Kant el concepto realmente importante es la autonomía de cada uno de nosotros, autonomía que se ejerce mediante la voluntad de legislarnos a nosotros mismos. Para que cada libertad individual no choque con la del resto de individuos es necesaria una regulación, que es la que conforma el derecho. El derecho es por lo tanto la regulación de las libertades externas de cada individuo y es gracias a la libertad por la que se ordena el derecho por la razón. El Estado surge como la institución jurídica que coordina racionalmente las libertades mediante el derecho.
El Estado para Kant es un ‘Estado de derecho’ cuyo objetivo es asegurar la observancia del derecho como garantía de los derechos subjetivos de los individuos. El Estado de Derecho tiene como fin la preservación de la libertad individual.
Otro ilustre pensador, Karl Popper, establece en ‘La sociedad abierta’ que, por un lado, el contenido de la ley no depende de la voluntad del gobernante, al contrario, es el gobernante el que debe atenerse a ella y, por otro, que la ley supone un tratamiento igualitario de todos los ciudadanos.
El gobernante, como cualquier otro ciudadano (en democracia todos somos libres e iguales, recordémoslo, hay que recordarlo continuamente), debe atenerse a la ley, sirviendo ésta como guía para su actuación política. Renunciar a esta guía, aceptar una decisión de la mayoría sólo porque es de la mayoría, supone la caída en una dinámica político-social que viene marcada por las consecuencias inesperadas de la decisión así tomada”.
Pues bien, parece ser que hemos asistido, atónitos, a la caída del Estado de Derecho y con él, a la defenestración de todas nuestras libertades individuales.
Tomen nota: ‘Ningún juez, ningún gobierno, ni ningún funcionario tiene la legitimidad para cesar, y aún menos para perseguir, al presidente de todos los catalanes’ (Roger Torrent, abril 2018).
Martí Pachamé és membre de l’agrupació de Ciutadans (Cs) Sant Cugat
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